La profesora Mara Sosa, integrante de la Mesa Coordinadora de la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional y representante del interior del país junto a una colega de San José, reflexionó sobre la importancia de la jornada que se conmemora cada 30 de agosto: el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas.
“Es una fecha muy especial, aunque lamentablemente preferiríamos que no existiera”, expresó Sosa, en alusión a una herida que todavía atraviesa a buena parte de América Latina. Recordó que la desaparición forzada de personas tiene sus raíces en un contexto histórico marcado por la Guerra Fría, donde la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética repercutió directamente en la región.
En ese escenario, los gobiernos latinoamericanos se alinearon mayoritariamente con el bloque capitalista y, bajo la doctrina de la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas emprendieron una política sistemática de persecución y represión. “El objetivo fue eliminar de la faz de la tierra todo pensamiento comunista. Eso quedó registrado en documentos, en los fundamentos del Plan Cóndor, que cualquiera puede leer hoy en día”, explicó.
Sosa trazó un paralelismo con otros procesos históricos de exterminio, como el genocidio armenio y el nazismo en Europa, subrayando que las dictaduras del Cono Sur replicaron esas mismas metodologías para suprimir ideologías y consolidar el poder.
Las cifras son contundentes: 30.000 personas desaparecidas en Argentina, miles en Chile y 197 en Uruguay. Aunque en el caso uruguayo el número sea menor, la dimensión del drama es igualmente devastadora. “De esos 197, apenas ocho familias saben dónde están sus hijos. El resto sigue en la incertidumbre. Eso es impunidad, y esa impunidad todavía afecta a nuestra sociedad”, sostuvo.
El 30 de agosto fue reconocido oficialmente en 2009 por la Asamblea General de Naciones Unidas y comenzó a aplicarse en 2010 como una jornada internacional para la protección de la persona humana y la denuncia de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, su antecedente se remonta a 1981, cuando madres y familiares de desaparecidos latinoamericanos se reunieron y fundaron la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), una organización clave en la visibilización de estas luchas.
“Es el Estado el que debe protegernos en cualquier circunstancia”, remarcó Sosa, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener viva la memoria. “El pasado se forjó así, con un Estado que no supo proteger a sus ciudadanos en tiempos de conflicto. Nuestra responsabilidad es no olvidar, para que nunca más vuelva a repetirse”.
