COLORADOS DICEN QUE CARAM Y DOS SANTOS DEBEN RESARCIR A LA INTENDENCIA

El comunicado del Partido Colorado se da luego de las condenas por la causa del pago irregular de cientos de horas extras en la comuna.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado se pronunció este lunes sobre las recientes condenas de los jerarcas en la Intendencia de Artigas por el caso de las horas extras irregulares y pidió que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que había impulsado el senador Adrián Peña.

La declaración del CEN condena «los hechos delictivos que derivaron en la condena penal del intendente Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el secretario general Rodolfo Caram».
A su vez, afirma que el sistema democrático «no admite, y la legislación condena, todo acto de corrupción en el uso indebido del poder público o ejercicio de la función pública».Por otro lado, el comité felicita a los ediles del Partido Colorado Daniel Argañaraz, Cecilia Umpiérrez y Francisco Bandera por la «correcta decisión de haber presentado denuncias penales fundadas en el ejercicio de la tarea de control de la gestión y el uso de los dineros públicos». Además, anuncia que espera que se trabaje de la misma forma para el trámite de otros casos «oportunamente denunciados y que se encuentran a estudio de Fiscalía».

Según manifiesta el CEN en el comunicado, el Parlamento debe aprobar los dos proyectos de ley que presentaron los dos legisladores colorados: el exsenador Adrián Peña y el diputado Conrado Rodríguez.

Peña presentó el proyecto de ley que obliga al concurso y/o sorteo para el ingreso de personal a las intendencias. Ahora deberá ser votado por el plenario.

Por su parte, en su proyecto, Rodríguez se refiere a la suspensión y pérdida del derecho al cobro de subsidio previsto en el art. 5 de la Ley No. 15900 por delitos contra la Administración Pública y otros relacionados con la corrupción.

En el comunicado piden que los funcionarios condenados compensen a la Intendencia de Artigas por el daño sufrido: «Corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República». Entiende que corresponde llevar adelante las acciones que prevé el artículo 25 de la Constitución de la República contra los funcionarios condenados, a efectos de resarcir a la Intendencia de Artigas del daño sufrido por su conducta ilegítima.

A su vez, señala que es «aplicable a los condenados el art. 80 de la Constitución de la República, que dispone en su numeral 4 la suspensión de la ciudadanía por ‘sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena'».

«Es imprescindible que los partidos integrantes de la Coalición de Gobierno actúen con claridad y firmeza en la condena de actos que constituyen violaciones a la legislación anticorrupción vigente», concluye el comunicado.

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