En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles, la Junta Departamental de Artigas resolvió, por unanimidad, fijar el salario del próximo intendente, manteniendo lo indicado desde 1994 y en cumplimiento del artículo 295 de la Constitución de la República, que establece que el órgano legislativo debe fijar la remuneración del jefe departamental antes de las elecciones.
El presidente de la Junta Departamental, Dr. Nelton Barreda, explicó que debido al calendario legislativo y a trabajos de mantenimiento en la sede —incluyendo reparaciones en el techo que generan polvo y dificultan el funcionamiento normal—, se había establecido un receso entre el 5 y el 9 de mayo. Dado que el primer jueves de mayo coincide con el feriado del Día de los Trabajadores, y que este último jueves de abril no estaba previsto realizar sesiones ordinarias, se convocó una sesión extraordinaria para tratar este asunto específico.
Según lo aprobado, el sueldo del intendente de Artigas se equipara al de un senador de la República, una medida que se ha mantenido inalterada durante las últimas legislaturas. En términos nominales, el monto asciende a aproximadamente 415 mil pesos uruguayos mensuales, incluyendo:
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Un sueldo base superior a 300 mil pesos,
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28 mil pesos en gastos de representación imponibles,
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29 mil pesos en gastos de representación no deducibles.
Sin embargo, tras las deducciones correspondientes —unos 90 mil pesos por IRPF y 40 mil pesos por aportes a Montepío—, el ingreso líquido que percibirá el intendente se situará en torno a 285 mil pesos.
Consultado sobre la posibilidad de aplicar una rebaja salarial, como ha sucedido en otros departamentos (por ejemplo, en Florida y Flores donde se decidió reducir el sueldo en un 10%), Barreda aclaró que no se presentó ninguna moción alternativa.
«Los ediles de todos los partidos —Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio— votaron de forma unánime por mantener el salario actual. No hubo planteos ni de reducción ni de aumento», sostuvo.
La falta de propuestas para modificar el salario llamó la atención, especialmente en un contexto de mayor escrutinio ciudadano respecto al gasto público. Sin embargo, Barreda enfatizó que el procedimiento fue plenamente respetuoso de la voluntad del cuerpo legislativo y de las normas constitucionales vigentes.
