En la Junta Departamental de Artigas se creó recientemente una comisión preinvestigadora a raíz de una denuncia presentada en Fiscalía por presuntos hechos de corrupción ocurridos en el municipio de Baltasar Brum. El Intendente Emiliano Soravilla fue consultado al respecto y explicó el alcance de la situación.
Según detalló, la denuncia habría sido realizada por una mujer contra su pareja, funcionario del municipio. En la presentación judicial se señala que los hechos denunciados estarían vinculados al ejercicio de sus funciones como trabajador municipal.
“Todavía no recibí formalmente ninguna comunicación, pero lo que se ha informado es que una persona denunció a su pareja en Fiscalía, y esa denuncia involucra a un funcionario del municipio de Baltasar Brum. Los hechos que se señalan serían de corrupción en el marco de su tarea como funcionario”, sostuvo Soravilla.
La Junta Departamental resolvió conformar una comisión preinvestigadora, que en primera instancia analizará los hechos denunciados y luego definirá si corresponde avanzar hacia una investigación formal.
En paralelo, el legislador indicó que, una vez que se reciba una comunicación oficial de la Fiscalía, la Intendencia deberá abrir una investigación administrativa, tal como ocurre en cualquier situación en que un funcionario es denunciado en el marco de sus funciones.
Respecto a una posible separación preventiva del cargo, Soravilla aclaró que esto dependerá de lo que indiquen los técnicos jurídicos:
“Primero se instruye la investigación administrativa, que puede ser con o sin separación del cargo. Estamos hablando de denuncias, no de condenas. No podemos prejuzgar”.
El caso generó sorpresa, en especial porque la denunciante es la propia pareja del funcionario. Soravilla señaló que la situación se analizará en tres niveles: la Fiscalía, la investigación interna de la Intendencia y la comisión preinvestigadora de la Junta.
Además, trascendió que el funcionario denunciado manifestó públicamente que sus acciones eran conocidas por el entonces alcalde del municipio, un aspecto que también será evaluado durante el proceso.
Consultado sobre críticas realizadas por el edil frenteamplista Gasteasoro, quien señaló que la Intendencia no habría respondido solicitudes de información vinculadas a resoluciones e ingresos de funcionarios, Soravilla reconoció que puede haber pedidos pendientes.
Explicó que muchas veces se solicitan copias de resoluciones que abarcan varios años de gobierno, lo cual resulta “materialmente imposible” de entregar en poco tiempo.
“Lo que se hace es fijar un horario para que los ediles puedan revisar los libros en la Intendencia. Estamos tratando de cumplir en tiempo y forma, pero a veces el volumen de lo solicitado retrasa la respuesta”, indicó.
En cuanto a la publicación de resoluciones en la página web institucional, aclaró que solo se difunden aquellas que por ley deben ser públicas, como licitaciones o llamados abiertos.
“No hay obligación legal de publicar todas las resoluciones, y no todas las intendencias lo hacen. Las demás pueden ser consultadas físicamente por los ediles”, remarcó.
En relación a la eliminación de comentarios en redes sociales oficiales, entre ellos algunos del exintendente Julio Silveira, Soravilla aseguró no tener conocimiento de una política específica de borrado.
“La página de la Intendencia está pensada para difundir el trabajo de los funcionarios. Puede que las propias plataformas bloqueen comentarios ofensivos, pero no manejo información sobre eliminaciones puntuales”, expresó.
Por otro lado, se refirió a la convocatoria realizada en la Junta Departamental a la alcaldesa de la Unión, Fabiana García, tras denuncias del gremio de funcionarios municipales (AEMBU) por presuntas persecuciones laborales.
“La Junta es un organismo autónomo e independiente. Si entendió necesario llamar a la alcaldesa, ella concurrirá y dará las explicaciones correspondientes”, concluyó.
