Una jornada clave para el futuro de cientos de familias se vivió en la Escuela Nº 21, donde vecinos de la zona de La Estiba y La Guayubira participaron de una instancia histórica en el marco del proceso de regularización de tierras del padrón 1474, un extenso predio de propiedad estatal que desde hace más de un siglo espera una solución definitiva.
La actividad contó con la presencia del director nacional de Catastro, arquitecto Andrés Recalde, quien llegó al lugar tras un planteo formal realizado por una comisión vecinal electa, que había elevado notas a distintos organismos públicos. Según explicó el ingeniero Ricardo Xavier, encargado de la oficina de Catastro, la visita del jerarca nacional fue una señal clara de compromiso institucional: “Más allá de la formalidad, quiso estar en el lugar y conocer la realidad de primera mano”.
Durante la jornada, Recalde recorrió la zona, dialogó extensamente con los vecinos y participó de una reunión que culminó con la firma de un acta respaldada por unas 80 firmas, en una convocatoria que superó ampliamente esa cifra de asistentes. La concurrencia fue destacada especialmente por realizarse en un día de semana, en horario laboral, con altas temperaturas y en plena zafra del tabaco.
El padrón 1474 abarca una amplia extensión territorial y es propiedad del Estado. Aunque desde 1925 existieron iniciativas de regularización de la tenencia, ninguna logró concretar la transferencia de propiedad a los poseedores. Hoy, la realidad demográfica del lugar evidencia un crecimiento sostenido, con más de 700 u 800 familias asentadas y una población que supera el millar de personas.
La regularización no solo representa seguridad jurídica individual, sino también una herramienta clave para el desarrollo colectivo de una comunidad en expansión. “La titularidad de la tierra impacta directamente en el crecimiento ordenado de la zona”, señaló Xavier, quien remarcó la necesidad de preservar el valor social, ambiental y territorial del área.
El proceso ahora enfrenta nuevos desafíos. Entre ellos, la necesidad de adaptar normativas, generar marcos legales específicos y redefinir usos del suelo, pasando en algunos sectores del régimen rural al suburbano. En ese camino, la participación de las autoridades departamentales aparece como un elemento imprescindible.
Desde Catastro y la comisión vecinal se reclama una presencia activa del gobierno departamental, tanto en la planificación como en el control del ordenamiento territorial. Problemas frecuentes como cortes de luz, falta de agua, caminería deficiente y acceso restringido a espacios comunes y a la costa del río reflejan las consecuencias del crecimiento desordenado.
“La presencia institucional es clave para garantizar un desarrollo sostenible y ordenado”, sostuvo Xavier, quien confirmó que el próximo paso esperado es una reunión con el intendente, con el objetivo de seguir avanzando hacia el objetivo central: la transferencia definitiva de la titularidad de la tierra a quienes la habitan desde hace décadas.
La esperanza de los vecinos es clara: que un proceso iniciado hace más de cien años encuentre, finalmente, una solución concreta que transforme la incertidumbre en derechos.
