El edil nacionalista Miguel Giménez expresó su firme postura en defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales frente al proyecto de ley que establece el ingreso por concurso a las intendencias, una iniciativa impulsada por el fallecido diputado Gustavo Peña. Según afirmó el edil, este tipo de regulaciones deben surgir desde las propias Juntas Departamentales y no ser impuestas desde el Parlamento Nacional.
“Esto lo definimos en el Congreso Nacional de Ediles. La normativa que rige el ingreso a las intendencias debe ser competencia de los gobiernos departamentales. Así como fijamos presupuestos y proyectos de decreto, también somos responsables de establecer cómo se accede a los cargos públicos en nuestras intendencias”, señaló Giménez, tras su participación en una instancia en Montevideo donde se abordó el tema.
El edil informó que ya se han recabado informes jurídicos que señalan la posible inconstitucionalidad del proyecto presentado en su momento por Peña. “Tenemos dictámenes de constitucionalistas que advierten que esta ley viola claramente la autonomía departamental establecida en la Constitución. Por eso estamos recopilando toda la información existente en las distintas Juntas del país sobre cómo se regula actualmente el ingreso de funcionarios”, explicó.
Consultado sobre la necesidad de asegurar transparencia e igualdad de oportunidades en los concursos para cargos públicos, Giménez reconoció la importancia de avanzar en esa dirección, pero insistió en que la iniciativa debe partir desde los ámbitos departamentales. “Sí, claro que sería bueno. Pero eso lo tenemos que reglamentar desde las juntas, no por una imposición desde el Parlamento. Además, hay casos excepcionales que deben contemplarse, y que una ley general muchas veces no abarca”.
En ese sentido, recordó un caso ocurrido recientemente: “Una persona falleció y el intendente fue sensible a la situación y permitió el ingreso de su esposa al cargo, ya que tenía tres hijos. Esos gestos humanos deben tener cabida en nuestras reglamentaciones. Por eso insistimos en que las decisiones no pueden tomarse desde un escritorio lejano sin conocer las realidades locales”.
Giménez fue crítico con la propuesta elevada al Senado, a la que calificó como “muy pobre” y carente de profundidad. “Son apenas dos artículos. No se contemplan sanciones en caso de incumplimiento ni situaciones excepcionales. Una ley tan simple para un tema tan complejo no resiste análisis”.
Además, recordó que durante la última campaña electoral, uno de los reclamos más frecuentes de la ciudadanía fue justamente la igualdad de condiciones para acceder a empleos públicos. “Esta puede ser una buena oportunidad, pero hay que hacerlo bien, con una reglamentación clara, concreta y aplicable”.
El edil también apuntó a una problemática recurrente: la falta de presupuestación de funcionarios que llevan años trabajando bajo contratos precarios. “Seguimos teniendo personas que hace cinco u ocho años están contratadas y no han sido presupuestadas. Eso también es parte de lo que hay que corregir. Lo hemos planteado, pero luego vino el año electoral y quedó todo en suspenso”.
Para Giménez, legislar sin contemplar la dimensión humana de los asuntos públicos es un error. “Una ley no puede ser solo una estructura fría en papel. Hay que tener presente la parte humana. Si no, la norma pierde valor. Como legisladores, no debemos perder de vista a las personas para quienes legislamos”, concluyó.
