María Núñez, vecina de Cerro Ejido, vive desde hace más de dos meses en una situación desesperante. El pasado 17 de mayo su casa se incendió por completo y, desde entonces, espera respuestas que no llegan. A pesar de promesas de ayuda por parte de autoridades departamentales, la vecina denuncia que hasta el momento no ha recibido asistencia concreta para reconstruir su hogar.
“El bombero me dijo que el incendio se originó por un cable de UTE. Perdimos todo”, cuenta con la voz quebrada. Actualmente, María vive en la casa del padre de su esposo, justo al lado del terreno donde se alzaba su vivienda. Su esposo, además, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que les impide generar ingresos para rehacer lo perdido.
María recuerda con gratitud las donaciones recibidas en los primeros días posteriores al siniestro. “Fui con mi hijo a buscar ropa y artículos para el hogar. Como no tengo hijos chicos, decidí donar muchas de esas cosas a otras personas que lo necesitaban más. No tenía sentido acumular cuando hay tanta necesidad”, explica.
Pero tras esos primeros gestos solidarios, la esperanza fue reemplazada por la incertidumbre. Según Núñez, funcionarios municipales como Gianna, el intendente Emiliano Soravilla y Valentina, se comprometieron a brindarle apoyo. “Me prometieron ayuda para construir aunque sea una pieza, pero nunca me dieron la cara”, lamenta.
La situación contrasta con la de una vecina afectada por el mismo incendio, quien sí habría recibido materiales para la reconstrucción. “A ella ya le entregaron todo. Yo no entiendo por qué a mí no”, expresa.
En medio de esta incertidumbre, María enfrenta además nuevas dificultades. Días atrás, OSE le cortó el suministro de agua, a pesar de haber realizado un pago parcial. Ahora le exigen más de 8.000 pesos para restablecer el servicio, una suma inalcanzable para alguien que solo percibe una pensión. “No tengo de dónde sacar ese dinero. No pido un palacio, solo una pieza, un baño y una cocina. Con eso soy feliz”, dice.
El terreno donde se encontraba su casa fue cercado por sus hijos para evitar ocupaciones. Viven en Montevideo, tienen hijos y hacen lo que pueden para colaborar. “Ellos me ayudan como pueden, pero la vida en Montevideo es difícil. Todo cuesta, y más cuando se tienen responsabilidades familiares”, relata.
El caso de María Núñez no solo evidencia la fragilidad de muchas familias ante una emergencia, sino también las demoras del estado cuando se trata de brindar soluciones habitacionales urgentes. Mientras tanto, su salud emocional se resiente. “Pasé cuatro semanas sin poder dormir. Me despertaba y no veía mi casa. Todo lo que construimos con esfuerzo, se perdió en minutos”, recuerda con tristeza.
María sigue esperando. No exige lujos, solo una vivienda digna para reconstruir su vida. En octubre deberá abandonar la casa donde hoy se refugia, ya que su hija —la propietaria— regresará de Montevideo.
