El edil Alejandro Silvera participó recientemente de una instancia clave en la defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales. En entrevista con nuestro medio, relató los detalles del último Congreso Nacional de Ediles, que tuvo lugar en Maldonado, y profundizó en la postura adoptada por la delegación frente al proyecto que se discute en la Cámara de Senadores respecto a los ingresos de funcionarios a las intendencias.
“El 17 de junio fuimos recibidos por la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, donde expusimos nuestras observaciones sobre el proyecto que pretende modificar la forma en que se regula el ingreso de personal a los gobiernos departamentales”, explicó Silvera.
Según el edil, la iniciativa parlamentaria colisiona directamente con el artículo 62 de la Constitución, que establece que es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales aprobar los estatutos de sus funcionarios.
“Esa normativa se fundamenta en los artículos 59 al 61 de la Constitución. Ya hubo intentos similares en el pasado, como la Ley de Funcionarios Públicos durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue declarada inconstitucional en tres fallos de la Suprema Corte”, recordó.
Silvera defendió que, desde 1959, cada gobierno departamental ha regulado su sistema de ingresos y ascensos, y que dicha competencia debe respetarse. “También la Ley de Municipios refuerza esa autonomía, al incluir explícitamente los ingresos y formas de ingreso dentro de las materias departamentales”, subrayó.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto actual, según el edil, es la posibilidad de que los ascensos se definan por sorteo. “Eso sería un grave error. No se puede poner en juego la carrera funcional con un método que no reconoce la trayectoria ni la capacitación del funcionario”, señaló.
Durante su intervención ante la comisión, Silvera citó palabras del intendente de Montevideo, el frenteamplista Zunino, quien pidió “no seguir denostando a los gobiernos departamentales”. Para el edil artiguense, esto incluye también revisar prácticas a nivel nacional. “En muchas intendencias, los ingresos se realizan con mecanismos como ONG, fundaciones, programas como el PNUD, becas o pasantías que luego se incorporan al presupuesto. Nada de eso está regulado en el proyecto”, criticó.
Consultado sobre la situación particular del departamento de Artigas, marcado por un elevado desempleo, Silvera consideró que si bien concursos y sorteos pueden aportar transparencia, no siempre garantizan igualdad.
“Hay experiencias como el programa Accesos, que ha funcionado muy bien, pero los nombres vienen designados desde Montevideo. Nadie sabe cómo se eligen. Esto ha pasado en gobiernos anteriores del Partido Nacional y también en el actual. La discrecionalidad viene desde el gobierno central”, denunció.
Silvera también cuestionó la falta de control sobre los procedimientos del gobierno nacional, en contraste con el fuerte escrutinio que, dice, se ejerce sobre los gobiernos departamentales. “La lupa está siempre puesta sobre las intendencias, pero poco se mira lo que ocurre a nivel central. Hay un aumento sostenido en la incorporación de funcionarios, y nadie analiza en profundidad cómo se realizan esos ingresos”, sostuvo.
El edil recordó que durante el tratamiento anterior del proyecto, impulsado por el fallecido senador Adrián Peña, incluso el director de la Oficina del Servicio Civil elogió el sistema Uruguay Concursa. Sin embargo, Silvera fue tajante al respecto: “El propio expresidente Mujica decía que los concursos eran una pantalla. Y tenía razón. A través de entrevistas y otros filtros, se termina nombrando a quien quiere el jerarca de turno”.
En ese sentido, el representante departamental llamó a establecer una normativa clara y realista. “El acceso igualitario al empleo público es fundamental. Pero también es fundamental que exista un sistema creíble, sin trampas ni favoritismos. Y además, con controles. Existen mecanismos de fiscalización desde las Juntas Departamentales, el Tribunal de Cuentas y también desde el Parlamento”, concluyó.
En su mensaje final, Silvera reclamó al Poder Legislativo que cumpla con su rol de contralor. “La Asamblea General nunca ha conformado la comisión que debe estudiar las observaciones del Tribunal de Cuentas. Esas observaciones no sólo llegan a los gobiernos departamentales, también van al Parlamento, pero nunca se actúa en consecuencia”, advirtió.
El debate sobre los ingresos en el ámbito público sigue abierto, y los ediles, al menos desde Artigas, ya dejaron clara su postura: defender la autonomía como base de la descentralización y del equilibrio republicano.
