La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), encendió las alarmas esta semana tras la difusión de un video en el que un trabajador de una cantera de piedras preciosas de Artigas denuncia condiciones laborales irregulares, incumplimiento de laudos y persecución sindical. La organización sindical confirmó la veracidad de la denuncia, respaldó al trabajador despedido y exigió al Estado una mayor fiscalización en el sector.
La dirigencia nacional del sindicato se trasladó al norte del país para abordar la situación. Gerardo Morrudo y Mauro De los Santos, miembros de la Dirección Nacional de la UNTMRA, ofrecieron un diagnóstico crítico de la actividad minera en Artigas y denunciaron la existencia de empresas que, amparadas en la debilidad del control estatal, incurren en prácticas abusivas.
El video que generó repercusión pública muestra a un trabajador exponiendo las condiciones precarias en que se desempeñan muchos empleados del rubro, incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos, la falta de aportes sociales, y el hostigamiento hacia quienes intentan organizarse sindicalmente.
“Lo que dijo este trabajador es real. Valoramos su valentía, porque muchas veces el miedo al despido impide que estas cosas se conozcan”, afirmó Gerardo Morrudo. “Desde hace más de dos meses venimos planteando esta problemática al Ministerio de Trabajo, solicitando inspecciones en las canteras de Artigas. Hay empresas que cumplen, pero hay otras —algunas extranjeras— que desconocen totalmente las leyes laborales uruguayas”, añadió.
El trabajador denunciante, según confirmó el sindicato, fue cesado de su cargo y actualmente se encuentra en el seguro de desempleo. Para la UNTMRA, este despido no es casual: constituye una represalia directa por su intento de visibilizar lo que ocurre puertas adentro.
Uno de los puntos centrales del reclamo sindical es la profunda contradicción entre el volumen de exportación del sector y las condiciones de vida de quienes trabajan en él.
“Estamos hablando de una actividad que mueve millones de dólares al año. Los propios empresarios nos han mostrado piedras valuadas en cientos de miles de dólares. ¿Cómo puede ser que ese dinero no llegue a quienes se juegan la vida dentro de las minas?”, se preguntó Morrudo.
El dirigente subrayó que la minería es una actividad de alto riesgo, con uso de explosivos y manipulación de sustancias contaminantes. “No solo se trabaja en condiciones inseguras, sino que muchas veces también se terceriza el trabajo en los propios hogares, donde las esposas o los hijos limpian piedras sin ningún tipo de cobertura, en negro y sin derechos”, denunció.
Consultados sobre la posibilidad de organizar a los trabajadores del sector, los dirigentes fueron contundentes. “Hay empresas que directamente despiden a quienes intentan sindicalizarse. Nos han llegado testimonios de compañeros que tienen que esconderse para hablar con nosotros. Literalmente, se han tenido que reunir de noche, lejos de la ciudad, para no ser vistos”, relató De los Santos.
La UNTMRA insiste en que el derecho a la libre sindicalización está garantizado por la Constitución y las leyes laborales, pero advierte que en sectores alejados de Montevideo, como la frontera norte, esa legalidad muchas veces no se cumple.
“Esto no puede seguir pasando. No porque estemos en la frontera se debe permitir pagar menos, perseguir trabajadores o ignorar los convenios colectivos”, apuntaron.
El sindicato reclamó la reactivación de una mesa de negociación nacional del sector minero, similar a la que funcionó hace más de una década, con la participación del Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, la Cámara de Exportadores de Piedras Preciosas y los sindicatos. En aquel entonces, según recordaron, se lograron avances en capacitación, formalización del empleo y regulación del sector.
“Es momento de volver a esa mesa de diálogo. Todos los actores tienen algo que aportar. Si los empresarios quieren estabilidad y crecimiento, necesitan trabajadores capacitados, bien pagos y protegidos. Y para eso el Estado tiene que estar, no puede mirar para otro lado”, sostuvieron.
Además, reclamaron el fortalecimiento de la capacitación laboral mediante convenios entre el INEFOP y UTU, aprovechando la experiencia de los trabajadores locales que conocen el oficio, pero que muchas veces no son valorados ni retribuidos por ese saber.
Como parte de las medidas de presión, la UNTMRA anunció una serie de movilizaciones a nivel nacional. El próximo 30 de julio, en coordinación con la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, se realizará una caravana hasta el Ministerio de Economía para rechazar las pautas salariales planteadas por el gobierno, consideradas “insuficientes” por el gremio.
“La situación económica es crítica. No alcanza con 25.000 o 30.000 pesos para sostener una familia. Las nuevas pautas del gobierno son mejores que las anteriores, pero aún están lejos de ser suficientes. Vamos a luchar por mejores condiciones para todos los trabajadores del país”, señaló De los Santos.
El calendario de acciones culminará el 12 de agosto con un paro general industrial a nivel nacional, convocado por la UNTMRA, en defensa de más y mejores conquistas para los trabajadores del sector.
Los dirigentes cerraron su intervención con un mensaje claro: “Solo no se salva nadie. Hay que organizarse. Cuando se juntan tres compañeros y uno más se suma, ya hay fuerza. Esa es la única forma de enfrentar los abusos y de lograr cambios reales”, expresaron.
La situación del trabajador despedido será presentada formalmente ante el Ministerio de Trabajo, que, según indicaron desde la UNTMRA, ya se comprometió a enviar funcionarios al departamento para investigar lo ocurrido.
