En medio de una tormenta institucional que sacude a la estructura sindical de la construcción, el presidente del SUNCA en Artigas, Ángel Martinicorena, rompió el silencio para ofrecer la visión del gremio local ante un escándalo de alcance nacional: la desaparición de más de un millón de dólares del Fondo Social de Vivienda de los Obreros de la Construcción (FOSVOC).
“Estamos atravesando un momento sumamente complicado. Es importante que la población entienda cómo comenzó todo esto y qué representa este fondo”, explicó Martinicorena, en una entrevista ofrecida a medios locales.
El FOSVOC, creado formalmente por decreto en 2008, se financia a través de un aporte conjunto de trabajadores y empresarios del sector de la construcción: un 0,025% del salario de los obreros y otro 0,025% por parte del empleador. Su objetivo es ofrecer préstamos accesibles a los trabajadores para reformas o construcciones de viviendas, y, en caso de cumplimiento de pagos, reintegrar hasta el 60% del monto solicitado.
Según detalló Martinicorena, el manejo administrativo del fondo estaba en manos de representantes de ambas partes: del SUNCA y de la Cámara Empresarial. Una figura clave en la operativa era Estela Rey, funcionaria con más de dos décadas de trabajo en la Cámara Empresarial, responsable directa del manejo financiero del FOSVOC.
“No se puede soslayar que Estela Rey era una persona de extrema confianza para el empresariado. Sin embargo, nadie parece mencionarla en medio de estas acusaciones”, subrayó el sindicalista.
La alarma se disparó a fines de 2024, cuando Rey debió ausentarse por motivos de salud y viajar a Buenos Aires. Su reemplazo en el cargo, aún no identificado públicamente, detectó inconsistencias que derivaron en el descubrimiento del faltante de fondos. Inicialmente se habló de un desfalco de unos 900 mil dólares, aunque con el correr de las semanas la cifra se elevó a 1.200.000 dólares.
Ante la gravedad de la situación, la primera acción del SUNCA fue interna: en asamblea se resolvió la inmediata expulsión de los implicados y se presentó una denuncia penal. “Fue el propio sindicato el que exigió que se presentara la denuncia. La Cámara Empresarial, al principio, no quería hacerlo. Pero insistimos, porque había responsabilidad compartida. Finalmente lo conseguimos”, remarcó Martinicorena.
El SUNCA sostiene que la investigación debe avanzar sin trabas y llegar “hasta el hueso”. “Hay que llegar hasta el final, caiga quien tenga que caer. Porque esto es plata de los trabajadores y también de los empresarios. Plata que se usaba para mejorar la vida de los obreros, no para que se la lleven unos pocos”.
El fondo, explicó, ha sido clave para mejorar condiciones habitacionales de muchos trabajadores. “Es una herramienta solidaria. El compañero recibía un préstamo y si cumplía con los pagos, recuperaba una parte del dinero. Son beneficios que hacen la diferencia. Pero no están hechos para que se los roben”, insistió.
En el marco de la causa judicial, el fiscal Gilberto Rodríguez informó que los acusados por el presunto desvío de fondos son siete personas con extensa trayectoria sindical: Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero, Carlos La Rosa, Joan Fernández, Marcelo Martínez y Miguel Duarte. Todos con años de militancia sindical, en muchos casos, considerados referentes de confianza.
Martinicorena reconoció el golpe institucional que implica esta situación para el gremio. “Nunca imaginamos que compañeros con esa trayectoria fueran capaces de una cosa así. Nos equivocamos. Hay una enorme traición al movimiento sindical”, lamentó.
Pero además, señaló que desde algunos sectores se busca politizar el tema. “Se los acusa de actuar bajo órdenes del Partido Comunista, específicamente de Daniel Diverio y del senador Óscar ‘Boca’ Andrade. Nosotros, desde el SUNCA Artigas y desde todo el interior, decimos que si hay responsabilidades políticas, también deben investigarse. Nadie puede estar por encima de la ley”, concluyó.
