VECINOS DE VIVIENDAS POLICIALES RECLAMAN POR INVASIÓN DE RATAS

Mary Altamiranda, residente de la vivienda 11 de las Viviendas Policiales, se ha convertido en la voz de un problema que afecta a toda la comunidad: la proliferación de ratas en un predio abandonado frente a su hogar.

«Tenemos que tapar la casa para que no entren las ratas», declara Altamiranda con evidente preocupación. La acumulación de basura y la maleza han convertido el terreno en un foco de insalubridad. La situación llegó a tal punto que los vecinos se vieron obligados a talar un árbol de mora infestado de roedores. «De noche, si vienen, pueden verlas deambulando sin miedo», agrega.

A pesar de las reiteradas solicitudes a la Intendencia para la limpieza del lugar, los vecinos no han obtenido respuesta favorable. «Nos dijeron que no podían intervenir porque la dueña del terreno no lo permite», explica Altamiranda, indignada. No obstante, recuerda que en reiteradas ocasiones las autoridades aseguraron que ningún predio podía permanecer en estado de abandono. «Hasta ahora, seguimos esperando», afirma.

La problemática no es reciente. Jorge Machado, otro vecino de la comunidad, señala que la situación ha empeorado con los años. «Antes era un espacio limpio, pero con el tiempo, la maleza creció y se convirtió en un basural», relata. Los intentos de limpieza por parte de los residentes han sido frustrados por trabas burocráticas y la negativa de la propietaria del predio a permitir intervenciones.

Más allá de la evidente molestia, la preocupación central radica en la salud de la comunidad. «Las ratas transmiten enfermedades, y aquí hay niños y adultos mayores», señala Altamiranda. Los vecinos temen que la acumulación de residuos y agua estancada también favorezca la propagación del dengue, sumándose a los riesgos sanitarios.

La falta de medidas preventivas genera incertidumbre y desesperación. «Nos dijeron que todos los terrenos serían limpiados, pero aquí nunca vinieron», expresa Machado. Mientras tanto, la comunidad busca alternativas legales para exigir la intervención del Estado. «Si los vecinos me apoyan, podríamos presentar una acción judicial», sugiere Altamiranda, aunque recalca que la prioridad es lograr la limpieza del predio.

 

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