El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, indicó que su partido está en camino a presentar una serie de propuestas en materia de seguridad al gobierno liderado por Yamandú Orsi, entre las que se incluye el obligar a las personas privadas de libertad a trabajar 8 horas por día, 6 días a la semana.
La iniciativa está en la agenda de CA desde la campaña de 2019 y era parte del famoso “se terminó el recreo” que promocionaba Manini. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou, socio en la coalición, descartó la propuesta por, según el cabildante, su presunta inconstitucionalidad.
En diálogo con Montevideo Portal, brindó detalles sobre la propuesta que, admite, todavía no dio a conocer a las autoridades frenteamplistas, pero que espera se atienda en este nuevo período de gobierno. Y también respondió a sus cuestionamientos.
“Espero que esta vez se deje de lado la perspectiva ideológica y se busquen soluciones para mejorar la seguridad de todos los uruguayos”, auguró Manini, quien piensa que el exigir el trabajo a los reclusos les da “herramientas” para evitar la reincidencia que, según datos del Ministerio del Interior, hoy se ubica en un porcentaje cercano al 70% de las personas liberadas.
La idea de Cabildo Abierto es que los 16.000 privados de libertad que hoy residen en las cárceles de todo el país trabajen a diario como reglamento carcelario. Si incumplen con esto, serán pasibles de recibir faltas administrativas sucesivas: “Puede ser privación de visitas, traslado a módulos más restrictivos, entre otras”.
El objetivo, según Manini Ríos, es crear “hábitos laborales” y “habilidades prácticas” en los reos. “Por ejemplo, una persona que aprende el oficio de panadero y está dos o tres años trabajando, sale con otras herramientas y la disciplina de acudir todos los días al trabajo, que en muchos casos quizás nunca tuvieron en su vida”, indicó.
En tanto, el beneficio para los privados de libertad “podría ser” el descuento de penas.
“Si bien hoy hay mecanismos para la redención de penas para quienes trabajen o estudien, estos son limitados porque el trabajo no es obligatorio. Y en los hechos, menos de un 30% de las personas privadas de libertad trabajan dentro de las cárceles, es decir, que la mayoría tienen un tiempo ocioso que, sumado a las condiciones de hacinamiento en las que viven, hacen que la cárcel sea una escuela del delito”, expresó el líder de CA.
Así, el ex comandante en jefe del Ejército indicó que su propuesta implica una “readecuación de las cárceles” para tener espacios donde los reclusos puedan trabajar y desempeñar distintas tareas a través de convenios con empresas y organizaciones privadas.
Además, consideró que se debe construir una cárcel para presos de alta peligrosidad.
“Para separar las manzanas podridas”, amplió, y subrayó que estos presos también deberán trabajar de manera obligatoria, pero desde ese nuevo centro de reclusión.
“Pero esta no es la única iniciativa que tenemos con respecto a la seguridad”, acotó.
Derechos humanos e inconstitucionalidad
Desde distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan en cárceles se viene cuestionando la idea de obligar a los reclusos a realizar tareas laborales bajo el argumento de que el trabajo en prisión tiene que ser voluntario y dignificante.
“Para quienes dicen que poco más que queremos poner campos de concentración, basta con observar las condiciones actuales de hacinamiento, superpoblación carcelaria y carencias que tienen las cárceles. La falta de dignidad está ahí. Que hablen con psicólogos, psiquiatras y especialistas en el tema sobre cómo puede mejorar la calidad de vida, la salud mental, que una persona tenga un trabajo, una constancia, un ingreso”, argumentó Manini.
Por otra parte, el político enfatizó en que la medida se alinea con el artículo 26 de la Constitución y no va en contra de este, como han manifestado abogados detractores.
Dicho artículo establece que:
“En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
“Lo que es inconstitucional sería obligarlos a trabajar al servicio de los carceleros, pero no obligarlos a trabajar para su propio beneficio”, refutó Manini, quien dijo que los privados de libertad recibirían un pago por su trabajo que iría a una cuenta de banco a la que accederían al ser liberados.
Por último, en referencia a la eventual violación de leyes y estándares internacionales, como el Código Mandela de la ONU, planteó:
“Hay tratados que se pueden denunciar en la medida en que no son lo que el país necesita”. “No podemos vivir esclavos de tratados o de pactos que se hicieron en otras épocas, cuando la realidad que vivía Uruguay era otra . Si tenemos que cambiar, habrá que presentarse en los organismos, habrá que explicarlo, pero creo que lo del trabajo obligatorio tiene que ser posible si es que hay voluntad para avanzar en ese caso”, subrayó.
En cuanto a si piensa que el gobierno de izquierda puede ejecutar una propuesta tan cuestionada como esta, dijo que considera “que tarde o temprano el sentido común va a tener que primar”. “Si seguimos con esta realidad, si seguimos volcando centenares de delincuentes a la sociedad mes a mes, porque no fueron rehabilitados nunca, esta situación va a ser muy grave. Por supuesto que esta solución tendrá éxito en un porcentaje determinado de los presos, pero tenemos que ser optimistas de que eso va a mejorar significativamente la realidad que vivimos”.
“Yo, honestamente, no veo otra forma mejor de arreglar ese tema”, sentenció.
Montevideo Portal
