El directorio del Partido Nacional reclamó este lunes al presidente Yamandú Orsi que adopte medidas contra las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), al considerar que la mayoría oficialista del organismo incurrió en irregularidades e ilegalidades en el tratamiento de distintas denuncias. Los blancos solicitaron que el Poder Ejecutivo aplique el artículo 198 de la Constitución, que contempla la destitución de directores de entes autónomos y servicios descentralizados.
La decisión fue adoptada por unanimidad tras recibir al representante de la oposición en la Jutep, Luis Calabria, y analizar un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Augusto Durán Martínez, que cuestiona distintas actuaciones de la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y del vicepresidente, Alfredo Asti.
En una declaración, el directorio sostuvo que la actual mayoría de la Jutep “no brinda las garantías republicanas necesarias para el ejercicio del cargo” y resolvió remitir el documento, junto con el informe jurídico, al presidente de la República y al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.
En conferencia de prensa, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, aseguró que el informe es “absolutamente contundente” y denunció la existencia de “arbitrariedades, irregularidades e ilegalidades” en el funcionamiento del organismo.
“Es muy grave que el organismo que debería brindar garantías a todos los ciudadanos de Uruguay, especialmente en el control de la legalidad y la ética de los funcionarios públicos, no cumpla con las normas ni con los procedimientos”, afirmó.
Delgado cuestionó además que la Jutep actúe de manera diferente dependiendo de la pertenencia política de las personas denunciadas. “Se ha transformado en un organismo que, por decisión de su mayoría, termina actuando discrecionalmente según se trate de denuncias contra funcionarios del Frente Amplio o de la oposición”, sostuvo.
El dirigente blanco afirmó que la situación ya no puede resolverse únicamente mediante denuncias o acciones parlamentarias y que corresponde una intervención del gobierno. “Es un asunto del Poder Ejecutivo, que debe actuar para garantizar a los uruguayos que la Jutep sea un órgano imparcial y que realmente custodie la ética en la función pública”, expresó.
Por su parte, el diputado Pablo Abdala confirmó que el planteo del directorio apunta a la destitución de las autoridades cuestionadas. “Cuando el presidente del directorio advierte que esta situación ya no da para más, que el Poder Ejecutivo debe adoptar medidas y hace referencia al artículo 198 de la Constitución, está aludiendo directamente a la destitución”, explicó.
El Partido Nacional también convocará a los demás integrantes de la Coalición Republicana para coordinar medidas políticas y parlamentarias. En ese sentido, Abdala recordó que el ministro de Educación y Cultura ya fue citado a la Comisión de Transparencia y Lavado de Activos.
Además, Delgado señaló que legisladores de la coalición están preparando una denuncia penal para presentar a la Fiscalía por actuaciones del organismo, especialmente por el interrogatorio al senador colorado Pedro Bordaberry, que los partidos opositores consideran ajeno a las competencias de la Jutep.
El presidente blanco indicó que conversó sobre el tema con Andrés Ojeda y Pablo Mieres y que evalúan incorporar otros episodios a la denuncia, particularmente los relacionados con el acceso a las declaraciones juradas.
Los casos cuestionados por el Partido Nacional
Durante la conferencia, Abdala detalló que el informe de Durán Martínez identifica tres situaciones que, a juicio del Partido Nacional, evidencian irregularidades en el funcionamiento de la Jutep.
La primera se refiere a modificaciones unilaterales introducidas por la presidenta del organismo en los procedimientos para tramitar denuncias, antes de que los cambios fueran aprobados por el directorio.
Entre los antecedentes mencionados figura el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza, cuya situación fue analizada por la Jutep debido a sus actividades profesionales en instituciones privadas, así como denuncias relacionadas con la Intendencia de Salto y con el patrimonio del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.
Según Abdala, en esos expedientes se habría resuelto dar intervención a la Asesoría Letrada o prescindir de ella dependiendo de la cercanía política de los involucrados.
El segundo cuestionamiento apunta a la actuación del vicepresidente Alfredo Asti ante una denuncia anónima relacionada con el patrimonio del senador colorado Andrés Ojeda. De acuerdo con el legislador blanco, Asti elaboró un informe con indicaciones para el área de declaraciones juradas antes de que los servicios técnicos analizaran el asunto, lo que habría condicionado su actuación.
La declaración del Partido Nacional recoge que Durán Martínez consideró que ese procedimiento fue indebido y configuró prejuzgamiento. Además, advierte que, de comprobarse que el documento fue remitido al área técnica encargada de intervenir posteriormente, existiría una grave irregularidad por afectación de su autonomía.
El tercer episodio señalado está relacionado con una denuncia sobre las declaraciones juradas de Rodrigo Arim, que finalmente fue archivada por el directorio de la Jutep. Abdala sostuvo que, pese a que la asesoría letrada había recomendado dar tratamiento al expediente, Asti dispuso la elaboración de otro informe a través de una economista de su confianza, integrante de su secretaría, y le permitió acceder a información reservada de la declaración jurada del jerarca.
“Se trata de una ilegalidad mayúscula”, afirmó el diputado, quien recordó que la Ley 17060 establece restricciones para acceder a esa información.
Según el Partido Nacional, los directores no están habilitados individualmente a consultar datos reservados de las declaraciones juradas por su sola condición de integrantes del organismo. El informe jurídico también cuestiona la interpretación de la normativa sostenida por la mayoría de la Jutep.
Abdala aseguró que, en el caso de Arim, el vicepresidente actuó sin una resolución del directorio que autorizara el acceso a esa información. “Asti tomó esa decisión pasando por encima del directorio y de la legislación vigente sobre la gestión de las declaraciones juradas”, sostuvo.
El Partido Nacional considera que estas presuntas irregularidades, sumadas al oficio que la Jutep entregó al senador colorado Pedro Bordaberry, el cual entiende que excedió las competencias del organismo, justifican que el Poder Ejecutivo evalúe la destitución de sus autoridades.
Delgado insistió en que la situación compromete la credibilidad del organismo y cuestionó la legitimidad de sus actuales autoridades para controlar la conducta de otros funcionarios públicos. “¿Quién controla la ética de quienes controlan la ética? Parece un trabalenguas, pero es grave, muy grave”, concluyó.
FUENTE: MONTEVIDEO PORTAL
