El exsenador nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, se refirió este martes a la investigación derivada de la Operación Trazador y tomó distancia de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos y otro de tráfico interno de municiones.
La Operación Trazador, desarrollada por la Policía y la Fiscalía Especializada en Estupefacientes, permitió incautar más de 265 kilos de droga, entre cocaína y pasta base, además de dinero, vehículos, armas y municiones. La investigación derivó en tres condenas.
En el marco de las actuaciones, la Policía investiga además movimientos de dinero realizados por Leiva en un local de una red de cobranzas ubicado en Montevideo y vinculado a Laura Scalabrino Muga, esposa de Gandini. Según la información difundida sobre la investigación, la relación con el comercio habría surgido a partir del análisis de comunicaciones y celulares incautados durante el operativo.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes, Gandini afirmó que el comercio de su esposa es un “local de pagos y cobros y actividades menores legales” y sostuvo que no existe nada que ocultar.
El dirigente explicó que Leiva era conocido por los empleados del establecimiento y que concurría como cliente, principalmente para pagar recibos. Según su versión, no realizaba operaciones de compra o venta de dólares en el local.
Gandini también señaló que Leiva concurría al comercio por su condición de vecino de la zona y aseguró que ni él ni su esposa habían recibido, hasta el momento, una citación o notificación policial o fiscal relacionada con la investigación.
La versión de Gandini se produce mientras la Policía continúa investigando si determinadas operaciones realizadas por Leiva en el comercio tuvieron alguna vinculación con el presunto esquema de lavado de activos por el que fue condenado.
El procedimiento policial se realizó en el marco de una investigación contra una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. Según el Ministerio del Interior, fueron incautados 141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína, con un valor estimado cercano a los dos millones de dólares. También fueron incautados vehículos y armas de fuego.
La Fiscalía informó posteriormente que el principal integrante de la organización recibió una condena de seis años y seis meses de penitenciaría por delitos vinculados al tráfico de drogas, armas, receptación y lavado de activos. Su pareja fue condenada a tres años de penitenciaría, mientras que una tercera persona —Pablo Leiva— recibió una pena de dos años y seis meses por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
En paralelo, el edil Gonzalo Gómez anunció la desvinculación de Leiva y manifestó su rechazo a las actividades delictivas por las que fue condenado. Gómez se encuentra actualmente en China participando de un seminario y también negó cualquier relación con las actividades ilegales de su exasesor.
La eventual utilización del local de cobranzas dentro de un esquema de lavado continúa siendo materia de investigación. Por el momento, las afirmaciones sobre el alcance de esa eventual vinculación deben diferenciarse de los hechos que ya fueron establecidos judicialmente en el marco de la Operación Trazador.
