La directora regional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Patricia Ayala, se refirió a la situación de algunos trabajadores vinculados a programas de la cartera que aún no han percibido sus salarios, y aclaró que los atrasos no obedecen a una falta de pago directa del ministerio, sino al funcionamiento del sistema de convenios con organizaciones sociales.
Ayala reconoció que la situación le genera una profunda preocupación.
«Para mí es muy difícil que personas estén trabajando, sosteniendo determinadas funciones, y no accedan a su sueldo. Es una situación que realmente me impacta», expresó.
La jerarca explicó que el MIDES no contrata directamente a todos los funcionarios que desempeñan tareas en sus programas, sino que firma convenios con distintas asociaciones civiles y organizaciones sociales, encargadas de gestionar servicios en diferentes departamentos del país.
Como ejemplo, mencionó que los refugios y otros programas funcionan a través de instituciones diferentes según el territorio. En Artigas y Bella Unión, por ejemplo, algunos servicios son administrados por Grupo OCA; en Salto por A Tu Alcance; en Paysandú por CLAEH, mientras que los servicios de atención a la violencia, asistencia jurídica y otros programas también son ejecutados por diversas organizaciones.
Según explicó, el MIDES realiza las transferencias económicas correspondientes a estas instituciones, pero para continuar recibiendo los fondos deben presentar periódicamente la rendición de cuentas de los recursos ya ejecutados.
«Cuando esas rendiciones no cumplen con las formalidades exigidas, ya sea por el MIDES o por el Tribunal de Cuentas, se solicita que sean corregidas y presentadas nuevamente. Ese proceso puede demorar semanas o incluso más de un mes», señaló.
Durante ese período, indicó, la transferencia de recursos queda suspendida hasta que la documentación sea aprobada.
Como consecuencia, las organizaciones que dependen exclusivamente de esos fondos no siempre cuentan con recursos para abonar los salarios de sus trabajadores.
Ayala explicó que algunas instituciones poseen respaldo económico suficiente para adelantar los pagos con recursos propios mientras esperan la liberación de las partidas, pero otras, especialmente las de menor porte, carecen de esa capacidad financiera, lo que termina afectando directamente a los funcionarios.
En ese sentido, sostuvo que muchas veces se instala públicamente la idea de que «el MIDES no paga a los funcionarios», cuando en realidad el ministerio transfiere los recursos a las organizaciones conveniadas y son las demoras administrativas en las rendiciones de cuentas las que generan el retraso en la liberación de los fondos.
La directora regional reiteró que comprende la preocupación de los trabajadores afectados y aseguró que el objetivo es que las observaciones administrativas puedan resolverse cuanto antes para normalizar los pagos.
