La directora regional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Patricia Ayala, explicó que las denominadas mesas interinstitucionales constituyen una práctica habitual dentro de la cartera. Estos espacios se conforman a partir de la convocatoria a instituciones que integran de forma permanente la mesa, así como a otras que son invitadas en función de la pertinencia de los temas a tratar.
El objetivo de estos encuentros se centra en discutir problemáticas vinculadas al departamento y sus localidades, con el propósito de generar diagnósticos compartidos y avanzar en la definición de acciones conjuntas.
En esta instancia, la temática principal giró en torno a la situación de calle y a la implementación del plan invierno. Se puso sobre la mesa el funcionamiento del refugio departamental y las coordinaciones realizadas entre distintos organismos, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Intendencia y el propio MIDES. La intención fue evaluar lo actuado durante la temporada y proyectar criterios de trabajo hacia el próximo año.
Uno de los puntos de mayor preocupación se relacionó con el cierre del refugio una vez finalizado el invierno. Desde la dirección regional se planteó la necesidad de dar continuidad al acompañamiento de las personas en situación de calle, proponiendo la permanencia de equipos técnicos especializados —trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales— que contribuyan a la búsqueda de salidas sostenibles para quienes atraviesan esta problemática.
El refugio experimentó un incremento significativo en la demanda: de un promedio de 15 personas se pasó a registrar entre 30 y 35 usuarios. Esta realidad abrió la discusión sobre la necesidad de adecuaciones edilicias, así como de una mayor inversión en recursos humanos y en la logística de funcionamiento.
La agenda incluyó además el análisis de la situación en Bella Unión. Allí se destacó el trabajo conjunto con el Comité de Emergencias (CECOED) y con el municipio, lo que habilitó la posibilidad de habilitar nuevos espacios y coordinar recursos. La prioridad, según se remarcó, radica en optimizar la articulación institucional para garantizar respuestas más efectivas a la población.
