Residentes del grupo habitacional GC24, en el barrio Olímpico, atraviesan una situación de creciente preocupación ante el envío de intimaciones y órdenes de desalojo por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en un contexto marcado por vacíos legales y falta de respuestas institucionales.
Mónica Aranda, vecina del lugar, explicó que el origen del problema se remonta a varias décadas atrás, cuando las viviendas fueron adjudicadas durante la última dictadura. “Son casas que se vienen pagando desde hace más de 40 años. Muchas familias cumplieron durante toda su vida con las cuotas, pero hoy se encuentran en una situación de incertidumbre total”, señaló.
Según relató, el conflicto actual surge a partir del fallecimiento de los titulares originales de las viviendas. En estos casos, quienes continúan habitándolas —hijos u otros familiares— deben firmar nuevos contratos con plazos de hasta 25 años o enfrentar el desalojo. “Es algo insólito. Hay gente que podría terminar pagando 70 u 80 años por la misma casa”, afirmó.
La situación ya ha tenido consecuencias concretas. “A una vecina la desalojaron y le dieron apenas una semana para irse. Es una realidad muy dura”, agregó Aranda.
Los vecinos también denuncian falta de coordinación entre organismos públicos. Mientras la ANV sostiene que solo administra la financiación de las construcciones, adjudicando responsabilidades sobre los terrenos a la Intendencia, desde el gobierno departamental se deslindan del tema. “Hemos golpeado todas las puertas: Intendencia, Junta, legisladores, y nadie se hace cargo”, indicó.
Otro de los puntos críticos es la imposibilidad de regularizar la situación por vías legales tradicionales. “Nos hablaron de abrir sucesión, pero no tenemos títulos de propiedad. Entonces no hay forma de resolverlo jurídicamente”, explicó.
En ese marco, la única alternativa que se les ofrece a los ocupantes actuales es suscribir nuevos convenios de pago desde cero, con cuotas que, en muchos casos, resultan difíciles de afrontar.
Los vecinos reclaman una solución integral que contemple la historia de pago de las familias y evite desalojos que, según advierten, podrían dejar a numerosas personas en situación de vulnerabilidad.
