El edil de Cabildo Abierto, Roberto Santana, se refirió a la polémica situación vinculada al frustrado proyecto de instalación de un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) en el hospital de Artigas. En diálogo con la prensa, Santana expuso datos concretos, cifras presupuestales y documentos que, según afirmó, demuestran que el proyecto contaba con recursos asignados y con los permisos correspondientes, pero que “fue frenado por intereses económicos ajenos al usuario de ASSE”.
“En la sesión de Brum mostré los números a todos los ediles. Presenté los planos del CTI, la autorización correspondiente y la presupuestación de los rubros salariales. En 2023 estaban previstos aproximadamente 860 millones de pesos, y a partir de 2024 se sumaban 430 millones más. Esa misma línea presupuestal debía continuar en 2025”, explicó el edil.
Santana detalló que además se destinó una partida de 7 millones de pesos para la construcción del CTI, en el marco de un convenio entre la Intendencia de Artigas y ASSE, donde la comuna aportaba recursos humanos y ASSE los materiales. “Durante la administración de Fontoura se gastaron 2 millones y medio de pesos en materiales de construcción —portland, arena, pedregullo, cerámica y parte sanitaria—. Quedaron 4 millones y medio para esta administración, pero a partir de ahí no tengo más información. Creo que se detuvo todo lo vinculado al CTI”, señaló.
El edil realizó además una comparativa entre el funcionamiento actual del hospital sin CTI y el escenario que se daría si la unidad estuviera operativa.
“Hoy el hospital gasta unos 1.500 dólares por cama en una empresa privada, con derecho a dos camas y una tercera opcional. Es decir, puede llegar a pagar entre 3.000 y 4.500 dólares mensuales, sin contar medicamentos, traslados, estudios y gastos quirúrgicos. En total, el año pasado se utilizaron alrededor de 42 camas mensuales, lo que equivale a 504 camas al año, con un costo aproximado de 60 a 70 millones de pesos”, explicó.
Santana advirtió que ese dinero “sale del propio hospital y va a empresas privadas”, lo que, en su opinión, representa un gasto evitable si existiera el CTI en la zona.
“Si tuviéramos CTI, esos 60 o 70 millones no se irían, quedarían dentro del hospital. Además, podríamos vender camas y generar ingresos. El hospital pasaría a otra categoría, con mayores asignaciones presupuestales y mejores condiciones salariales para los funcionarios”, sostuvo.
El edil también destacó el impacto laboral positivo que implicaría la instalación del servicio. “Cuarenta personas del hospital pasarían a trabajar en el CTI, y al dejar sus cargos actuales se podrían incorporar otras 40 familias más. Es decir, se generaría empleo directo y se fortalecería el sistema local de salud”, argumentó.
Sin embargo, Santana fue categórico al afirmar que existen intereses que obstaculizan el proyecto:
“Se están tomando decisiones económicas con intereses de algunos funcionarios, profesionales, empresas y corporaciones por encima del usuario de ASSE. Y eso es un error. Si yo soy presidente o director del hospital, tengo que decidir en función del usuario, no de otras conveniencias”, concluyó.
